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Nefrólogo Víctor Martínez Mejía

Piden negar permiso para Terminal de Combustibles

Pueblos en resistencia piden medidas cautelares a la CEDHJ, ingresan queja contra el Ayuntamiento de Poncitlán y otros funcionarios (SEMADET, ASEA, etc.); piden detener autorizaciones para la construcción de una Terminal de combustibles de IEnova Petrolíferos.
Piden negar permiso para Terminal de Combustibles

Pobladores de al menos cuatro comunidades que estarían en riesgo por el trasvase de más de 4,320,000 litros de combustibles al día que implica el proyecto “Terminal de Refinados Guadalajara” de IEnova Petrolíferos, acusaron al Ayuntamiento de beneficiar a la empresa en lugar de la población.

Este lunes 5 de octubre de 2020, alrededor de las 10:30 de la mañana, habitantes de Casa Blanca, San Miguel Zapotitlán y San Jacinto, pertenecientes al municipio de Poncitlán, así como habitantes de la comunidad de Tecualtitán, perteneciente al municipio de Zapotlán del rey, hicieron un pronunciamiento y entregaron formalmente la queja a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ). Ante la serie de autorizaciones que siguen avanzando para concretar el proyecto de la terminal, decidieron presentar la queja ya que el Ayuntamiento ha hecho caso omiso a los argumentos en contra y a los oficios que los mismos pobladores han hecho llegar para detener el proyecto.

También acusan que la ASEA (Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos) autorizó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y el Estudio de Riesgo Ambiental (ERA), los cuales tienen graves omisiones e inconsistencias.

Los pobladores también señalaron que el pasado miércoles 30 de septiembre, en una sesión de cabildo a la que no fueron invitados -después de que los funcionarios del ayuntamiento se habían comprometido verbalmente a informarles sobre cualquier asunto relacionado a este proyecto-, aprobaron una iniciativa cuyos puntos de acuerdo autorizan el cambio de uso de suelo a industrial, en el terreno del proyecto y otras zonas del municipio. Dicho uso de suelo estaba clasificado como AR-AGR1 (Agrícola), y se cambió a Industria media y de riesgo medio.

Lo cual sigue siendo incompatible con el proyecto de la terminal (que se considera de alto riesgo), pero abre la puerta a que se autorice por otros medios, además de que no se consultó a la población la vocación industrial de esa y otras tierras agrícolas, que se verían afectadas por un nuevo proyecto de corredor industrial en la región.

En la queja presentada, se documenta no sólo la corta distancia del proyecto hasta las primeras casas (aproximadamente 120 metros), sino cómo los mismos escenarios calculados en el estudio de riesgo, los cuales se consideran subestimados, mencionan explosiones de más de 400 metros de diámetro, por ejemplo, en caso de volcadura de un vagón o carrotanque de tren cargado con MTBE (si se derramara solo el 50% del volumen).

Así mismo, los pueblos en resistencia afirmaron que los escenarios de riesgo no consideran el peligro y alteraciones de la circulación de pipas, de las cuales, de acuerdo al volumen que se pretende manejar en la primera fase del proyecto, representa al menos 144 pipas con capacidad de 30,000 litros cada una, que circularían diariamente cerca de las comunidades de Casa Blanca, Tecualtitán, San Miguel y San Jacinto, cargando gasolina, diesel, etanol y MTBE.

Además de 290,000 barriles de gasolina y diesel que estarían siendo almacenados en la terminal (cuyos riesgos de explosión no se consideran en el estudio), en un proyecto que abarcaría casi 42 hectáreas de terreno, las cuales reducirían la capacidad de absorción de agua en la zona por el compactamiento necesario del terreno para la obra, así como la vegetación y fauna, ya afectada por la contaminación del río Santiago.

Los habitantes pidieron que la CEDHJ tomara el caso, emitiera medidas cautelares, e investigara las irregularidades presentadas por este proyecto. También mencionaron que se hará lo correspondiente con otras instancias. Pero insistieron en que no se puede poner el derecho a la vida, el derecho a la autodeterminación de los pueblos y el derecho a un medio ambiente sano, por encima de los intereses económicos de unos pocos ejidatarios, funcionarios y empresarios.