Miguel Ángel tendría hoy 24 años
Pero el calendario en la ribera del Río Santiago se detuvo para él hace 18 años, cuando un juego infantil terminó en tragedia: resbaló, cayó a las aguas del río en El Salto y murió intoxicado por arsénico.
Si la historia hubiera sido distinta, Miguel Ángel López Rocha hoy sería un joven de 24 años. Quizás estaría terminando la universidad o comenzando su vida laboral. Pero el calendario en la ribera del Río Santiago se detuvo para él hace 18 años, cuando un juego infantil terminó en tragedia: resbaló, cayó a las aguas del río en El Salto y murió intoxicado por arsénico.
Su muerte se convirtió en el símbolo más doloroso de la devastación ambiental en Jalisco. Hoy, en el aniversario de su partida, organizaciones civiles y colectivos presentan un "Balance Ciudadano" que contrasta una realidad desgarradora: mientras se anuncian inversiones históricas para sanear la cuenca, la gente sigue muriendo.
El caso de Miguel Ángel no fue un accidente aislado, sino el síntoma de una crisis sistémica. Según el Comité de Defensa Ambiental de El Salto, en los últimos 18 años se ha documentado la muerte de 3,388 personas a causa de la contaminación. Las causas son un espejo de lo que corre por el agua: 2,503 fallecieron por insuficiencia renal crónica terminal y 421 por cáncer.
Lejos de detenerse, la tragedia continúa activa. Tan solo en 2025, fallecieron 174 personas en la zona. Para los activistas, Miguel Ángel recuerda que "la impunidad continúa y se agrava", convirtiendo a la región en una "zona de sacrificio" donde los procesos industriales crecen a la par de las enfermedades.
En este contexto de duelo, el Gobierno Federal y Estatal han desplegado una narrativa de esperanza financiera. El balance reconoce un avance inédito: una asignación de 7,000 millones de pesos federales para el periodo 2026-2030, sumados a una inversión estatal de 2,295 millones.
Sin embargo, las organizaciones advierten que el dinero por sí solo no purifica el agua. El enfoque gubernamental sigue siendo predominantemente "hidráulico", centrado en construir plantas de tratamiento y colectores, mientras se ignora la raíz del problema: las industrias.
El boletín cita al escritor Eduardo Galeano para recordar los nombres propios detrás de los químicos: "Aventis, Bayer, Nestlé, IBM, Dupont, Xerox... que en sus países tienen prohibidas esas donaciones". A pesar de la evidencia de metales pesados y sustancias tóxicas, la relación del gobierno con las empresas se basa en el "cumplimiento voluntario".
La crítica más dura del reporte ciudadano es la desconexión entre la ingeniería y la vida humana. "¿De qué sirve tratar el agua si no se atiende a quienes ya están enfermos?", cuestionan los colectivos.
El programa de saneamiento actual carece de un componente de salud pública. No hay estudios epidemiológicos vinculantes ni atención especializada para las poblaciones expuestas. Las organizaciones exigen el cumplimiento inmediato de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y programas de salud ambiental, argumentando que limpiar el río sin atender a las víctimas es una solución incompleta.
A 18 años de la muerte de Miguel Ángel, la exigencia ha evolucionado de la simple denuncia a una demanda técnica y política: reconversión industrial obligatoria, sanciones ejemplares y transparencia en los datos.
El balance ciudadano concluye con una interrogante que resuena más fuerte que los anuncios de inversión: "¿Están invirtiendo miles de millones para transformar el modelo contaminante o sólo para administrar sus consecuencias?".
Mientras esa respuesta llega, la memoria de un niño de 8 años sigue esperando justicia en un río que, hasta la fecha, sigue administrando la muerte.
